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Diez principios de consenso para la Ley de Educación

Diez principios de consenso para la Ley de Educación

 1.                  La educación debe estar centrada en los valores democráticos establecidos en nuestra Constitución, a saber: la libertad de conciencia, la ciudadanía responsable, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la justicia, así como la participación activa en la vida social, con actitud crítica y comprometida con el país.

2.                  Nuestro sistema educativo debe fundamentarse en el respeto a todas las corrientes del pensamiento. En las modificaciones curriculares que periódicamente se hagan, la enseñanza de la historia debe enfocarse con criterios científicos y no ideológico-partidistas. En cuanto a la formación ciudadana, debe inspirarse en los valores y principios de la Constitución.

3.                  Debe reafirmarse la doctrina del Estado Docente democrático en el marco de la democracia participativa, lo cual implica que, bajo la rectoría del Ministerio de Educación, han de precisarse las competencias de todos los actores del proceso educativo, a saber, los docentes, los padres y representantes, los estudiantes, las instituciones privadas, las alcaldías y las gobernaciones.

4.                  Deben establecerse con claridad los criterios para la descentralización de la educación. Igualmente, las instituciones educativas han de contar con autonomía pedagógica, de organización y de gestión.

5.                  Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, el Estado debe comprometerse a compensar las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales para propiciar la inclusión social.

6.                  La calidad de la educación ha de estar garantizada para todos los estudiantes. El Estado prestará atención prioritaria a la inversión educativa, a la dotación de recursos educativos, a la supervisión y evaluación permanentes del sistema educativo y a la experimentación y renovación pedagógicas.

7.                  Debe respetarse y enaltecerse la carrera docente. Para ello deben consagrarse en la ley los criterios para el ingreso, la estabilidad y el ascenso de los educadores. También deben estar los parámetros que rijan la formación docente realizada en el marco de la autonomía por las universidades y los pedagógicos; al igual que los criterios básicos que permitan evaluar profesionalmente el desempeño docente. Los docentes han de disfrutar de los derechos a la libertad de cátedra y de asociación laboral. En cuanto a su remuneración, ha de fijarse como norma que, en ningún caso, ella podrá ser inferior al promedio salarial del que gocen los profesionales al servicio de la administración pública.

8.                  En la dinámica interna de las instituciones educativas se debe garantizar la participación de los distintos actores que hacen vida en la comunidad educativa, a saber, los docentes, los estudiantes, los padres y representantes, el personal directivo y el personal administrativo y obrero del plantel, respetando, en lo pedagógico, las competencias profesionales de los educadores.

9.                  Ha de establecerse la evaluación de todos los ámbitos del sistema educativo, la cual se aplicará a los procesos de aprendizaje y los resultados académicos; a la actividad del profesorado y directivos; al funcionamiento de las instituciones educativas.

10.              La educación debe ser concebida como una responsabilidad del conjunto de la sociedad. Por lo tanto, ha de contar con una atención prioritaria en los presupuestos gubernamentales y también con el aporte de los actores sociales y económicos privados, entendiéndose que al ser en cualquier caso un servicio público prioritario, debe establecerse el financiamiento público para los estudiantes de menores recursos que cursen en centros privados de calidad.

 Este cuerpo de principios recoge los criterios más repetidos por los representantes de distintas organizaciones e instituciones en los dos eventos que realizamos en la UCAB los días 4 y 11 de junio de 2009. Ellos fueron: Carmen Aguirreche, Ercilia Vásquez, Nora Ovelar, Tulio Ramírez, Pablo Ríos, Luis Ugalde, Raquel Figueroa, Ronald Golding, Nancy Hernández, Lucio Segovia, Juan Maragall, Ricardo Ríos, Josefa de Farías, Robert Rodríguez, Olga Ramos, Luis Rosas, Jesús Torrealba, Gustavo Roosen, Nelson González, José Luis Farías. Organizadores: Leonardo Carvajal, Fifi Pantin, Eduardo García, Carlos Calatrava.      

Caracas, 17 de junio 2009

Por Julio Alexander Parra Maldonado

Los docentes no podemos permanecer inertes ante la avalancha de órdenes y contra órdenes que a diario están llegando a las instituciones educativas. Un contrato nacional que inicia la modificación radical del sistema educativo, con una orientación autoritaria y en extremo de control gubernamental, obviando avances en materia laboral que se han conseguido tras años de lucha gremial, y que aplasta la profesión docente, más allá de las reivindicaciones económicas que siempre tendrán que llegar .

A esto se suma la amenaza de cambiar la Ley Orgánica de Educación, especialmente en sus aspectos de libertad de cátedra, valores democráticos y reconocimiento de todas las teorías modernas de educación. La ley que regula el sistema educativo nacional, la educación de todos los venezolanos, nada más y nada menos. Cabe recordar que la actual fue formulada por un equipo liderado por el maestro Prieto Figueroa.

Si a esta situación le sumamos los ya permanentes y acostumbrados problemas administrativos, económicos, de seguridad social, de reclamos de deudas de los maestros; no podemos sino señalar que la educación es una de las áreas donde el gobierno nacional y particularmente el de Mérida, también están reprobados.

El papel del educador es fundamental en la escuela, su función debe ser de liderar el proceso educativo y orientar la formación del estudiantado, proceso que debe contar con el acompañamiento de la familia y la sociedad, en un marco legal establecido y no en base a caprichos de funcionarios burocráticos con intereses partidistas.

Por esta razón los docentes merideños estamos preocupados y ocupados en hacer valer nuestros derechos y dar un mensaje claro al pueblo merideño. La profesión docente es digna, se debe respetar en todos los sentidos y atender a los reclamos gremiales. Así se ha hecho evidente en las asambleas de docentes convocadas por el Sindicato de los trabajadores de la Educación del Estado Mérida SINDITEM.

Por estos motivos, así como por la exigencia de compromisos incumplidos de las autoridades regionales, los docentes han decidido marchar el próximo martes 16 de junio por las calles de Mérida, y manifestar su situación de inconformidad laboral. Una decisión acorde al compromiso que requiere la actual situación.

El gremio debe exigir seriedad de las autoridades, respeto al marco legal vigente, cese a las improvisaciones e imposiciones, no a la diatriba partidista y por la cancelación de las deudas pendientes, económicas y sociales. Todos los docentes deben estar presentes, marchar y manifestar su rechazo al entreguismo de algunos colegas que hacen de esquiroles.

Importante es hacer un llamado a participar a padres y representantes, que manifiesten su opinión públicamente sobre el trato y orientación que pretenden imponer a sus hijos e hijas. También a los estudiantes de educación para que manifiesten sus preocupaciones por su carrera profesional, que es amenazada con abrirse a cualquier profesional, incluso sin ser profesional, para el ejercicio de una docencia conformada y controlada por actores políticos partidistas.

El 16 de Junio estamos todos convocados a alzar nuestra voz de protesta. Basta de atropellos y mentiras al magisterio. Todos los preocupados por el futuro de nuestra educación debemos estar presentes.

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